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Carlos Alvarado protesta porque Fiscalía adelantó revisión de pruebas por UPAD

Carlos Alvarado está molesto con la Fiscalía porque esta adelantó la revisión de pruebas en el caso de la UPAD conocida en el mundillo político como la “Gestapo Tica”.

Así las cosas, Alvarado a través de sus abogados presentó una protesta (apelación) por escrito alegando que la Fiscalía estaría revisando correos electrónicos y documentos electrónicos “sin informar a las partes, Título III y sin llamar a sus defensores”.

Las pruebas se recopilaron después del allanamiento que se hizo a la casa presidencial en febrero de 2020 y le decomisaron varias cosas y hasta el celular al presidente.

Los abogados

“Hemos descubierto un hecho muy grave que nos preocupa”, dijo Rodolfo Brenes, uno de los abogados del presidente”.

El demandado (Fiscalía) afirmó que la oficina del Ministro de Justicia realizó un trámite para abrir las bolsas que contenían un disco duro con todos los correos electrónicos de Alvarado. “Se hizo el día antes de que la audiencia se llevara a cabo en la Sala III donde se discutiría la legalidad de estas pruebas”.

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“Es muy grave que tales actos se oculten a la defensa”, dijo Brenes, quien representa al presidente junto al abogado Roger Guevara.

El abogado comentó que la situación en el caso fue confirmada en una página de 26 de agosto de 2020, firmada por Emilia Navas, titular del Ministerio Público. El documento debería haberse adjuntado en diciembre.

Brenes dice que el 27 de agosto se realizó una audiencia en la sala III y la fiscalía nunca anunció que se habían examinado las pruebas.

Recepción de pruebas

El lunes 11 de enero, que comienza a las 9:30 a.m., se abrirán los teléfonos y computadoras para el Presidente y otros involucrados en el caso UPAD. Alvarado está siendo investigado por presunta mala conducta y violación de datos.

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El caso involucra a siete personas más, incluido el ex primer ministro Víctor Morales.

Brenes confirmó que esta diligencia se mantiene y negó que la defensa del presidente haya vuelto a pedir un aplazamiento.

Aclaró que la gestión la realizó otro abogado, quien representa a una de las personas investigadas.

Fiscalía investiga

El decreto de creación de la UPAD se firmó en octubre de 2020. Se publicó en La Gaceta el 17 de febrero, pero fue derogado el 21 de febrero.

El documento generó una tormenta política debido a ciertas disposiciones que contenía sobre el acceso de la entidad a datos sensibles de los ciudadanos.

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“Para cumplir con las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la administración pública central y descentralizada deben brindar acceso a toda la información requerida por la UPAD para cumplir con sus objetivos y finalidades, excepto en casos específicos donde la información sea considerada secreto de Estado.

“Para ello se facilitará el acceso a los datos o se brindarán los insumos de información de manera oportuna y en un formato que permita el análisis y procesamiento estadístico, de acuerdo con todos los estándares para el adecuado manejo de la información para garantizar la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos”.

En su informe de trabajo de mayo de 2020, Alvarado solo mencionó la controvertida Unidad de Análisis Presidencial (UPAD).

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