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Costa Rica firma declaración conjunta para promover aborto en medio de la pandemia

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Esta semana, Costa Rica junto con otros 58 países firmó una declaración conjunta para «protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos» (un eufemismo que oculta la anticoncepción y el aborto).

La información denunciada por la agencia de prensa del Vaticano ACIPRENSA indica que declaración también incluye la promoción de la «sensibilidad de género» en respuesta a la pandemia de coronavirus.

“Debido a que nuestra cadena de suministro nacional e internacional se ve afectada por esta pandemia, estamos comprometidos a proporcionar productos de salud reproductiva a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva.

También instamos a los gobiernos de todo el mundo a garantizar el acceso pleno y sin restricciones a todos los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas ”, se publicó en el comunicado el 6 de mayo, que se puede encontrar en varios sitios web y agencias gubernamentales entre otros.

El texto, firmado por 39 ministros de relaciones exteriores en nombre del «Pueblo y gobiernos de 59 naciones», se titula «Declaración conjunta sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la defensa de género en la crisis de Covid-19».

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Además de Costa Rica entre los países latinoamericanos que firmaron el documento se encuentran Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Uruguay y Perú.

La declaración conjunta, además, señala que ante la “amenaza sin precedentes” de la pandemia de coronavirus, que se originó en Wuhan, China, se “requiere solidaridad y cooperación entre todos los gobiernos, científicos, actores de la sociedad civil y el sector privado”.

Derechos sexuales son prioridad

Por tanto “la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar un aumento de la mortalidad materna y neonatal, una mayor necesidad insatisfecha de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual”, prosigue.

Luego, se vuelve a poner énfasis en que “las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y la protección contra la violencia de género, deben priorizarse para garantizar la continuidad”.

Al final de la declaración, se informa que los países firmantes acogen “con beneplácito los esfuerzos multilaterales» de las Naciones Unidas (ONU), incluidos el UNFPA y ONU Mujeres, la OMS, el Banco Mundial y el FMI, «hacia una respuesta coherente y global al COVID-19”.

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En contra

Sobre el punto anterior, recientemente el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), un grupo de defensa con sede en los Estados Unidos, publicó un artículo en el que denunció dos proyectos de resolución de la ONU sobre COVID-19 y mujeres.

“Ambas resoluciones se basan en un informe de política del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, publicado justo antes de Pascua sobre ‘El impacto de COVID-19 en las mujeres’. El informe busca designar una lista de políticas prioritarias para proteger a las mujeres de la pandemia, entre ellas ‘servicios de salud sexual y reproductiva’”, denunció C-Fam.

El grupo de defensa subrayó que “el término ‘salud sexual y reproductiva’ se usa ampliamente para agrupar el aborto junto con políticas de salud de planificación materna y salud materna más ampliamente aceptadas”; e informó que el Gobierno de Estados Unidos “ha encabezado los esfuerzos para eliminar el término en la política de la ONU y utilizar una terminología menos ambigua”.

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C-Fam también precisa que desde antes de que el COVID-19 fuera declarado una pandemia, “las agencias de la ONU promovieron el aborto como un servicio esencial que no debía ser interrumpido en las respuestas de salud”.

“Se prestó aún más atención y recursos a la ‘salud sexual y reproductiva’ en el llamado del Secretario General de la ONU al sistema de la ONU para la pandemia, que también hizo que el aborto formara parte de la respuesta de la ONU al incorporar un manual que lo califica como un derecho humano”, añade.

Finalmente, C-Fam resaltó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), un panel de derechos humanos de la ONU, “también emitió su propia orientación sobre COVID-19, la cual exige a los países proporcionar “acceso confidencial a información sobre salud sexual y reproductiva como formas modernas de anticoncepción, servicios de aborto seguro y servicios post-aborto” durante la pandemia.

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