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Gobierno clama por seguridad para periodistas en el extranjero

En Costa Rica no pasan unas horas sin que el gobierno de Costa Rica comandado por Carlos Alvarado haga algo que provoque algo (aunque sea un risilla).

Esta vez ese algo es lo que hizo a través de la Cancillería de la República pidiendo que se garantice la seguridad de los periodistas en el extranjero en virtud de la pandemia del Covid 19.

La Casa Amarilla dijo que Costa Rica hace un «llamado vehemente para que se garantice la seguridad de los periodistas y de los trabajadores de los medios de comunicación».

También pidieron que tengan «libre acceso a la información, subrayando que la atención a la emergencia causada por la pandemia no debe ser utilizada como una justificante para limitar la libertad de expresión y de prensa».

Esto lo hizo durante la Segunda Reunión Ministerial de la Coalición por la Libertad de Prensa (Media Freedom Coalition), copatrocinada por Canadá y Botswana, que desarrolló como tema principal el de «Libertad de prensa en tiempos de COVID-19».

El vicecanciller Christian Guillermet Fernández, manifestó que «fomentar y defender una prensa libre, pluralista e independiente es nuestra responsabilidad y nuestra obligación y por ello Costa Rica participa en esta reunión ministerial para aunar a esta importante discusión».

Mientras tanto en Costa Rica

Este llamado que hace el gobierno en el extranjero no coincide con recientes hechos sucedidos en nuestro propio país donde el gobierno central ha limitado el acceso de la prensa a información de interés público.

Lo hizo varias ocasiones obstaculizando y bloqueando la labor periodística principalmente durante el inicio de la pandemia en varias ocasiones como en  las ya eliminadas conferencias de prensa que se realizaban en Casa Presidencial para dar las estadísticas. También en negar ciertos datos considerados públicos.

También con motivo de las manifestaciones y protestas contra el gobierno ocurridas el mes pasado tres periodistas fueron arbitrariamente detenidos por las autoridades mientras cubrían los eventos.

El caso más reciente terminó con una condena emitida por la Sala Constitucional contra la Fuerza Pública por haber obstaculizado la labor periodística de la colega Stella Chinchilla incluyendo su detención y traslado a la Fiscalía de Fragancia de Cartago sin que se lograra demostrar que cometió delito alguno.

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