Economía

Gobierno le puso la perseguidora a bitcoiners

El gobierno le puso la perseguidora a los que negocien, vendan o compren usando cibermonedas o activos digitales.

Así como lo leyó, cualquiera que sea proveedor de las famosas criptomonedas (bitcoin, ethereum, litecoin, etc) deberán estar inscrito ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y sujetarse a los requerimientos que establecería una nueva regulación.

El Gobierno tiene listo un proyecto sobre el tema que será presentado ante la Asamblea Legislativa, según el cual la inscripción deberán hacerla todos los proveedores de activos virtuales.

Se define activo virtual como la representación digital de valor que puede ser transado digitalmente o transferido sin que esto signifique que sean reconocidos como moneda de curso legal en el país o como divisa.

Parte de lo que se va a regular es el intercambio o transferencia de activos virtuales, custodia, depósito, administración o control por cualquier medio, participación, provisión de servicios financieros relacionados con la emisión comercialización, oferta o venta de activos virtuales a nombre propio o del cliente.

Lo sabrán todo

La iniciativa plantea que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) deberá de desarrollar el concepto de activo virtual y precisará el alcance de las actividades establecidas. Además, los supervisados deberán contribuir con los gastos de la Sugef.

Algo importante es que los proveedores de estos servicios también tendrían un alcance por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Según la Sugef, la evolución de la tecnología ha permitido la aparición de múltiples productos y servicios que están a disposición del público, los cuales han venido a transformar prácticamente todas las áreas de la vida de las personas, incluyendo el área financiera y, alrededor de esto, ha surgido la figura de activos virtuales.

Tiene claro que hay participantes que potencian su uso permitiendo la transferencia entre personas, así como la utilización como medio de pago o inversión a nivel local o transfronterizo. Es por eso que promueven esta normativa.

Entre los sujetos regulados se incluyen a figuras como los exchangers y la tecnología blockchain, así como todos los sujetos que ofrecen servicios para transacciones con activos virtuales.

El proyecto se presenta para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafi), para actividades y proveedores de activos virtuales. La recomendación se había hecho desde el 2018, sin embargo, sería para el 2023 que volverían a calificar a Costa Rica.

Los países deben identificar a estos proveedores en el marco de la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 7786.

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