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Sala IV vuelve a condenar a Michael Soto por gasear a la población

Esta vez es por los que hicieron en San Carlos

La Sala IV condenó hoy al ministro de Seguridad, Michael Soto, y al jefe regional de la fuerza general en la región Huetar Norte, Luis Enrique Ortega, por el “ataque indiscriminado” con gases lacrimógenos que sufrió un grupo de vecinos de San Carlos durante las manifestaciones del año anterior.

De manera solidaria también se condenó al estado a pagar daños y perjuicios a un ciudadano de 45 años, quien resultó golpeado con una lata de gas en la frente. Este hecho provocó una herida de tres centímetros, que requirió sutura y que ahora se está evaluando si dejará una marca permanente.

Los hechos controvertidos tuvieron lugar el 3 de octubre en Aguas Zarcas de San Carlos, a las 21:50 horas. m. cuando un grupo de policías antidisturbios intervino en un puente de la ciudad para levantar un bloqueo.

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Según la denunciante, ella y su pareja fueron detenidas en el lugar debido al bloqueo, por lo que cuando llegaron las autoridades se refugiaron en la propiedad de un conocido.

También hubo un grupo de vecinos que no participó de la manifestación sin ser víctimas de la misma.

Policía disparaba a lo loco

Según la denuncia, los agentes dispararon gases a los manifestantes y una segunda explosión al grupo de personas directamente en propiedad privada y golpearon a la mujer en la cara.

Según la víctima, un grupo de vecinos incluso se acercó a la policía para pedir ayuda cuando resultó herida, pero ellos respondieron disparando más gases a sus pies.

Posteriormente, fue atendida en el Hospital San Carlos por la herida y el daño por gases: necesitaba una discapacidad de siete días.

Ante los magistrados, tanto Soto como Ortega afirmaron bajo juramento que reconocen que la intervención se llevó a cabo en el día señalado y que, por tanto, se canceló el bloqueo.

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Sin embargo, advirtieron que los tiros de gas siempre se disparan al aire y nunca contra personas, y que no tienen detalles de ningún grupo que se acercó a la policía pidiendo ayuda policial.

La Sala, que también consultó a un perito forense para la valoración de los heridos, cuestionó que las autoridades imputadas no se refirieron a estos hechos a tiempo, sino que se centraron en la acción contra los manifestantes, sin presentar pruebas que la avalen.

También concluyeron que los gases se utilizaron de manera indiscriminada y contra personas que no participaron en las manifestaciones y consideraron probado que la técnica utilizada fue desproporcionada, ya que el gas ya es un arma en sí mismo, por lo que no es necesario lanzarlo directamente a las personas.

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“(…) Lo cierto del caso es, que los dictámenes médico legales, y, las atenciones médicas que recibió la amparada -el propio día de los hechos-, en el Hospital San Carlos, y en una Clínica privada Oftalmológica, concluyen, que la amparada recibió lesiones, y presencia de escombros en ambos ojos, producto del contacto directo con los gases lacrimógenos”, dice la resolución.

La orden de la Corte ordena a Soto y al Director Ortega dar las instrucciones respectivas al personal de la Fuerza Pública bajo su responsabilidad, para evitar que el personal de la Fuerza Pública incurra en hechos como los denunciados en el futuro y se advierte que si no cumplen con la orden están expuestos a penas de prisión de tres meses a dos años por desobediencia.

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